Senado sanciona PGE por Bs 295 mil millones para 2021 y la ley de creación de Diprevcon

La creación del Diprevcon permitirá el ahorro de Bs 12 millones en cuatro años, solamente reduciendo el personal, el pago de alquileres y el pago de servicios básicos.

ANF. La Paz|23|12|20| Desde este miércoles, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ingresa en un receso hasta el 6 de enero de 2021 con motivo de las fiestas de fin de año. En la víspera, el pleno de la Cámara de Senadores sancionó dos leyes: una referida al Presupuesto General de Estado (PGE) que contempla un monto de Bs 295.599.911.855 para la gestión 2021 y la otra para la creación de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcon).

Del monto total del PGE, el 10% será destinado para salud –aunque en realidad el aporte del TGN solo es del 6%, según denuncia del senador Henry Montero- y otro monto similar para la educación. En relación a los ministerios de Defensa y Gobierno, que tienen bajo su tuición a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, respectivamente, fue destinado un presupuesto del 2%.

imagen_2020-12-23_015824El pleno de la Cámara de Senadores. Foto: Senado Bolivia.

“Durante un año no se ha preparado ni se ha organizado nada y por esto vienen estas decisiones, lo mismo en el tema de educación, yo siento que son temáticas o espacios más golpeados, tanto por la dictadura, pero también por la pandemia”, señaló el senador Leonardo Loza a la Red Uno.

Entre los puntos más destacados del PGE para el 2021 están la generación de ingresos por parte de los órganos del Estado con el 53%, mientras que las empresas públicas aportan un 31%.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, precisó que se tuvo que realizar un reajuste al presupuesto que dejó el gobierno transitorio, incrementado la inversión pública y reduciendo el gasto corriente con relación a la propuesta de la expresidenta Jeanine Añez.

Se mantiene el tipo de cambio del dólar con relación al boliviano y se redujo la inflación prevista para el año de 3,9% a 3,1%. También se incrementa el Producto Interno Bruto (PIB) de Bs 282.693 millones a Bs 284.255 millones.

Para el pago de los bonos sociales como la Renta Dignidad, Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla y el Subsidio Universal Prenatal se tiene previsto utilizar Bs 6.274 millones para alrededor de cuatro millones de beneficiarios.

Creación del Diprevcon
El pleno del Senado, por dispensación de trámite, sancionó la Ley de Modificaciones a la Ley 913 de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas para dar paso a la creación del Diprevcon.

El ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, explicó que el objetivo de las modificaciones es “para ordenar la casa” de esa cartera de Estado e ingresar en un plan de austeridad que permitirá el ahorro de Bs 12 millones en cuatro años, solamente reduciendo el personal, el pago de alquileres y el pago de servicios básicos.
La norma de dos artículos, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales modifica cuatro artículos de la Ley 913 de 2017, específicamente en la conformación del Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas, a partir de la promulgación de esta ley estará conformada por los Ministerios de Gobierno, Presidencia, Relaciones Exteriores, Defensa, Salud y Deportes, Desarrollo Rural y Tierras, además de Educación.

Antes de ingresar en receso, los legisladores sancionaron la norma para que la misma, como sostuvo el ministro Del Castillo, pueda ingresar en vigencia antes del 4 de enero y se pueda arrancar el 2021 con una nueva política para la lucha contra el narcotráfico y sustancias controladas.

En las disposiciones finales se establece que el Diprevcon será conformado por la fusión de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico (Uelicn) y la Secretaria de Coordinación del Conaltid.

La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación y en un plazo de 30 días deberá ser reglamentada para que ingrese en vigencia.