Copa promulga dos leyes: la del dióxido de cloro y la de permanencia de autoridades salientes; el Gobierno las rechaza

La Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia, Eva Copa, promulgó hoy dos leyes: la ley del dióxido de cloro y la ley de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central y entidades autónomas por tres meses, una vez dejen el cargo. Sin embargo, el Gobierno mediante el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental y Legislativa, Israel Alanoca anuncia que no las publicará y las rechaza.

Se trata de dos normas, una que autoriza el uso del dióxido de cloro como tratamiento contra la Covid-19 y la «Ley de Arraigo».

«El Órgano Ejecutivo no va a publicar ninguna ley que haya promulgado la señora Copa, porque no tiene ni la legalidad y legitimidad de promulgar tomando en cuenta los siguientes: esta ley del dióxido de cloro y la ley de arraigo están en este momento en el Tribunal Constitucional», indicó.

Alanoca señaló que al momento se tramitan recursos de consulta previa ante el Tribunal Constitucional sobre las normas en controversia, con lo cual está suspendido el procedimiento legislativo sobre esas leyes.

El Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental enfatizó que una vez que lleguen las normas promulgadas al Ejecutivo, las mismas serán devueltas a la Asamblea.

Las leyes promulgadas

Copa, en sesión de Asamblea, promulgó las leyes para el uso del dióxido de cloro y de arraigo de autoridades, después de que la presidenta Jeanine Añez no lo hizo.

La ley que autoriza el uso consentido de diáoxido de cloro permite la comercialización y suministro del químico para la prevención y atención de casos de Covid-19.

En el caso de la «Ley de Arraigo» la misma obligaría a la permanencia el país de Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes y Máximas Autoridades Salientes, además de asambleístas plurinacionales, departamentales y concejales por el espacio de tres meses una vez que dejen el cargo, con el objetivo de que rindan cuentas.

La Ley que Regula de Forma Excepcional la Elaboración, Comercialización, Suministro, Administración y Uso Consentido de la Solución de Dióxido de Cloro (SDC) de Manera Preventiva y Como Tratamiento Para Pacientes Diagnosticados con Coronavirus (COVID-19), fue sancionada el 5 de agosto de la presente gestión tras subsanar observaciones de la Cámara de Diputados.

La norma establece que los profesionales médicos podrán administrar la Solución de Dióxido de Cloro bajo consentimiento informado del paciente o un familiar, en conformidad a los protocolos estipulados.

Respecto a la comercialización del producto alternativo estará a cargo de laboratorios y universidades al gobierno nacional, gobiernos subnacionales, farmacias y clínicas legalmente establecidas, mientras que la población podrá adquirir el dióxido de cloro de las farmacias y sin la necesidad de receta médica.

Ley de permanencia obligatoria

Por otra parte, la Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional del Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes y Máximas Autoridades Salientes, además de asambleístas plurinacionales, departamentales y concejales por el espacio de tres meses una vez que dejen el cargo, fue sancionada el 26 de agosto y al igual que la norma anterior fue remitida por el ejecutivo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pese a no tener la legitimación activa.

La norma se aplica al presidente, vicepresidente, y máximas autoridades ejecutivas de los tres niveles del Estado, además de instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales que hubiesen cesado en su mandato o fueron destituidos, “para dar continuidad a la gestión de gobierno y evitar la impunidad ante un posible acto de corrupción”.

La Contraloría General del Estado será la encargada de remitir a la dirección de Migración, el listado de las autoridades señaladas en la presente ley para su efectivo cumplimiento.

Ambas normas fueron promulgadas por la presidenta de la ALP conforme al inciso 10 del art. 163 de la Constitución Política en el hemiciclo al finalizar la sesión de este miércoles, ante la vista de los legisladores que asistieron a los actos de interpelación de ministros y otro grupo que seguía la sesión de manera virtual.