Bruselas observa «con atención» las reformas que pretende el Gobierno de Sánchez

Madrid/España. La Comisión Europea ha enviado una primera advertencia a España por la reforma que pretende aprobar Pedro Sánchez para cambiar las reglas de la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo ha hecho con un lenguaje sutil y muy preciso, pero inequívocamente crítico. El Ejecutivo comunitario afirma que seguirá «atentamente» el desarrollo de esta reforma planteada por PSOE y Podemos y lo hace porque percibe un intento de politizar la administración de justicia, por lo que recomienda a Sánchez que «consulte a los organismos pertinentes» antes de dar un paso definitivo.

Un portavoz oficial de la Comisión es el que ayer emitió un comunicado que textualmente decía lo siguiente: «La Comisión está al corriente del anuncio de este nuevo proyecto de ley. Seguimos de cerca la evolución a este respecto. En el Informe sobre el estado de derecho de 2020, la Comisión subrayó la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial a fin de fortalecer la independencia judicial. El capítulo del Informe sobre el Estado de Derecho 2020 en España mencionaba la situación del consejo judicial en España como un desafío. Es importante asegurarse de que el consejo no sea percibido como vulnerable a la politización. De manera más general, cuando los Estados miembros reforman el poder judicial, esto siempre debe hacerse en consulta con todas las partes interesadas pertinentes, incluida la Comisión de Venecia. Los Estados miembros deben seguir las normas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida».

En el informe sobre el estado de derecho en España que citaba en esta declaración el portavoz de la Comisión para asuntos de Justicia, Christian Wigand, y que fue presentado el 30 de septiembre ya se mencionaba como elemento extraño el hecho de que Pedro Sánchez nombrase a la ministra de Justicia como Fiscal General del Estado como una posible interferencia del ejecutivo en el sistema judicial.

El líder de la oposición, Pablo Casado, que se encuentra en Bruselas para participar en la cumbre de dirigentes del PP europeo, ha asegurado que esta reforma es una «gran irresponsabilidad» del Gobierno y que por ello «queremos dejar muy claro que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del CGPJ hasta las instituciones europeas, tribunales europeos, Consejo de Europa y, por supuesto, la Justicia española. No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones». Naturalmente, todos los líderes populares comunitarios han sido informados de los planes de Sánchez en España.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha advertido al Gobierno que acudirá a instancias europeas para parar la reforma del poder judicial que planea el Ejecutivo si no rectifica: «Si no lo frenan ustedes, lo frenarán en Europa, donde no se toleran estas práctica».

La oposición también ha advertido de que esta proyecto de reforma puede afectar a las discusiones que están teniendo lugar en Bruselas sobre cómo vincular los pagos del Fondo Europeo de Recuperación al respeto del Estado de Derecho.

Esta cláusula está diseñada con la vista puesta en Hungría y Polonia, que tratan de desligar las ayudas de este requisito. En el otro extremo, los países nórdicos, el Benelux y la Eurocámara quieren una supervisión más estricta de la que ha propuesto la Presidencia alemana de la UE y tiene el aval de los Gobiernos.

La reforma

La reforma registrada por PSOE y Unidas Podemos prevé que, si no se alcanza la mayoría de tres quintos, los 12 vocales procedentes de la carrera judicial puedan ser elegidos por mayoría absoluta —seis en el Congreso y seis en el Senado—.

En cambio, los otros ocho vocales, que son elegidos entre «juristas de reconocido prestigio», seguirán siendo nombrados por mayoría de tres quintos -cuatro por cada Cámara- porque así lo establece la Constitución.