Bolivia cierra el 2020 con una deuda interna y externa que alcanza el 47,7% del PIB

La Paz/Bolivia (El Deber). A días de que termine el 2020, el Gobierno del presidente Luis Arce Catacora cerrará un año marcado por la crisis económica, generada por el coronavirus. A esto se suma una deuda interna y externa que juntas llegan al 47,79% del Producto Interno Bruto (PIB) que proyectó su administración en el Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2021. La cifra inquieta a economistas consultados por EL DEBER, pero aseguran que aún es manejable. Eso sí, recomiendan ajustar el gasto y realizar una inversión pública inteligente.

Con el próximo año a la vuelta de la esquina, es necesario revisar cómo están los compromisos del Estado. Según datos del Ministerio de Economía la deuda externa, hasta octubre llegó a $us 10.236,5 millones (Bs 70.222 millones).

La cifra equivale al 24,84% del PIB que se programó para 2021, que llega a Bs 282.693 millones.

A nivel interno, la deuda con entidades públicas y el sector privado llega a Bs 64.877 millones ($us 9.321 millones), lo que equivale a un 22,94% del PIB.

En total la deuda pública es de Bs 135.099 millones, un 47% del PIB, según las cifras oficiales.

Arce culpó a Áñez

Se buscó la voz oficial del Gobierno, pero no fue posible tener una respuesta. Pero el endeudamiento ya fue abordado por el actual presidente Luis Arce, que acusó al anterior Gobierno de destruir la economía al punto de incrementar la deuda pública para pagar los salarios de la administración estatal. “Hubo un drástico incremento del endeudamiento público, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020”, aseguró Arce cuando tomó juramento como presidente.

Luego con números en mano, afirmó que el Gobierno transitorio endeudó al país en más de $us 4.200 millones entre compromisos internos y externos.

“Destaca principalmente la contratación de deuda con el Banco Central de Bolivia por $us 1.900 millones aproximadamente y 800 millones a través de subastas públicas de bonos del TGN. En el ámbito de la deuda externa se comprometieron créditos externos por más de $us 1.500 millones, para cerrar el año programaron un endeudamiento de Bs 4.400 millones adicionalmente en el mercado interno”, aseguró el Jefe de Estado, en su mensaje.

Después en varias ocasiones Arce afirmó que realizaría gestiones ante los organismos financieros para postergar el pago de la deuda por dos años, e incluso solicitaría créditos más accesibles debido al impacto que generó la pandemia en la economía global.

La propuesta más osada la hizo el 4 de diciembre, ante la Organización de las Naciones Unidas ONU. Planteó a la comunidad internacional movilizar fuentes de financiamiento y una condonación de la deuda externa para afrontar la crisis causada por el Covid-19. “Es imperativo movilizar las diferentes fuentes e instrumentos de financiamiento y condonación de la deuda externa”, afirmó en un mensaje grabado desde La Paz.

Pagos programados

Si bien Arce ya fijó una postura de hacer gestiones para no pagar la deuda externa, en el PGE para el 2021 su Gobierno programó Bs 14.140 millones ($us 2.031 millones) para el pago de intereses de los servicios de deuda interna y externa, más amortizaciones.

De esta cantidad, Bs 4.172 millones ($us 599,4 millones) corresponden a la amortización de la deuda externa, con organismos internacionales y otras naciones. Los otros Bs 9.968 millones ($us 1.432 millones) serán para el pago de intereses para los compromisos internos y externos.

Para el pago de intereses de la deuda interna, el Gobierno asignó Bs 4.339 millones, mientras que para la externa lo presupuestado fue de Bs 5.628 millones.

No obstante, el Gobierno a través de la Ley del PGE, autorizó al Banco Central de Bolivia (BCB), el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo – Fondesif, Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y al Banco Unión, diferir las cuotas de pago de capital e intereses correspondiente a la gestión 2021, de los préstamos realizados con entidades del sector público.

Deuda externa y acreedores

Según datos del Sistema de Gestión y análisis del BCB, la deuda externa del país llegó a $us 10.236 millones.

De esta cantidad, $us 6.940 millones corresponde a recursos otorgados por organismos multilaterales, para financiar programas de inversión pública.

Entre los principales acreedores multilaterales que tiene el país está el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El organismo prestó al país $us 2.399 millones.

Durante 2020 la organización aprobó $us 21.600 millones en préstamos para ayudar a 26 países miembros de América Latina y el Caribe, para afrontar el impacto económico y social que generó la pandemia del coronavirus.

Durante este año, para Bolivia el BID aprobó un préstamo de $us 130 millones para apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las micro, pequeñas y medianas empresas como sostén del empleo en Bolivia frente a la crisis del Covid-19 y sus efectos en el tejido productivo.

En el recuento de acreedores, la CAF se anota como el segundo financiador de Bolivia. Hasta el momento prestó $us 2.399 millones.

En abril aprobó $us 50 millones para la emergencia sanitaria.

En tercer lugar, está la Asociación Internacional para el Desarrollo (IDA-BM) entidad del Banco Mundial que presta ayuda a los países más pobres, y que otorgó a Bolivia $us 712,2 millones.

El Banco Mundial aprobó un préstamo y dos créditos (uno de los cuales es concesional) por $us 254 millones para el país.

Estos recursos se usaron para dar bonos a sectores vulnerables afectados por las medidas adoptadas para frenar Covid-19.

Ya venía en ascenso

Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, dijo que antes de analizar la deuda pública es necesario aclarar que la misma se viene incrementando desde antes de la pandemia y de la llegada del Gobierno de transición.

“Hay que refrescar la memoria, durante el Gobierno del expresidente, Evo Morales, se prestaban recursos sin fines claros”, dijo.

Desde su punto de vista, el nivel de endeudamiento está entrando “en una zona de riesgo y preocupación”, dado que, sumando los compromisos internos y externos, esta deuda roza el 50% del PIB.

Sin embargo, el nivel de deuda en especial, es manejable porque no llega al 30% del PIB.

En un contexto adverso, a raíz de los daños colaterales ocasionados por la pandemia, Akamine, dijo que “todo el mundo” recurrirá a los organismos internacionales para inyectar liquidez a sus economías, y Bolivia no será la excepción.“Pero deben optimizar las inversiones y hacer un uso adecuado de esos recursos”, dijo.

Para el especialista en finanzas, Jaime Dunn, el problema no es la cantidad de recursos que llegue a prestarse el país, sino el destino que se dará a estos fondos y las condiciones que deberá cumplir el Estado.

“Todos los países se están endeudando de forma rápida y aprovechando la benevolencia que los organismos. Ahora la deuda es manejable, pero eso no significa que tengamos que endeudarnos demasiado, eso es clave. Y lo más importante es saber qué se va hacer con el dinero. No se puede generar más ‘elefantes blancos’”, dijo.

Para el especialista, es necesario que los recursos que lleguen del exterior se usen para fortalecer el sistema de salud y reactivar la economía.

En esa línea, el economista Napoleón Pacheco, explicó que el gran desafío que tiene el Gobierno de Arce es reactivar la economía, pero para eso se necesita dinero y la única manera de obtenerlo es mediante el crédito externo.

No obstante, dijo que ningún organismo internacional prestará recursos al país si no tiene un plan de reactivación y de ajustes claros. “Lamentablemente ese plan no existe”, dijo.

Para Pacheco, el Gobierno “está en un callejón sin salida” y al igual que el Gobierno de Jeanine Áñez, ha adoptado medidas aisladas, las mismas que Arce como candidato criticó”.

Los tres economistas observaron la inyección de Bs 500 millones que hará el Ejecutivo a las empresas estatales, que es financiada por recursos internos a través de compromisos asumidos ante el BCB.

Pero en varias ocasiones el Gobierno defendió la inversión pública en empresas estatales, porque es parte del modelo económico vigente desde 2006.