Una de las principales dificultades para sancionar el maltrato o tráfico de animales silvestres es que los comunarios no dan información o esconden a quienes cometieron el delito
Cochabamba, Bolivia.- A seis años de la golpiza que sufrió el oso jucumari Ajayu en la comunidad de Komer Kocha en el municipio de Tiraque, no se sancionó a los responsables.
Así lo informó el abogado especialista en Gestión de la Biodiversidad, Rodrigo Herrera Sánchez, quien reconoció que uno de los problemas más recurrentes para dar con los responsables del tráfico o maltrato de animales silvestres, es que los comunarios esconden a los responsables o los camuflan.
“En el caso de Ajayu, la comunidad no dio información y escondió a los responsables. Esto es muy recurrente. Ya pasó tres veces que la comunidad no puede denunciar a los que cometen delitos, lo que impide dar con los responsables”, explicó Herrera.
Un 25 de enero de 2016, Ajayu fue rescatado luego de sufrir una brutal golpiza por comunarios de Komer Kocha, quienes justificaron su accionar acusándolo de haber intentado atacar a un niño.
Tenía desnutrición severa y la dentadura en muy mal estado. Pesaba 25 kilos, unos 40 menos de lo que debería pesar un oso macho de su edad (dos años aproximadamente) y tamaño. Había perdido la visión del ojo derecho. Fue sometido a una intervención quirúrgica del ojo.
Herrera recordó que los otros dos casos similares ocurrieron en el departamento de La Paz, en la provincia Inquisivi, donde tampoco se encontró a los responsables del tráfico de dos osos jucumaris bebés.
Ante este problema, el abogado recomendó a las autoridades ir de pueblo en pueblo o comunidad tras comunidad para sensibilizar a la gente.
Asimismo, dijo que se debe seguir con las acciones penales como establece la normativa, pese a las deficiencias que presenta el sistema punitivo en el país por la falta de policías, fiscales, el hacinamiento en cárceles y la levedad de las sanciones, entre otros.
NORMATIVA
La Constitución Política del Estado Plurinacional en su artículo 33 establece que “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.
El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.
Asimismo, en su artículo 383 indica: “(…) Se sancionará penalmente la tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad”.
Entre tanto, el Código Penal establece una pena de cárcel de entre 1 a 6 años en este tipo de hechos. FUENTE: Karen Carrillo Florero, Opinión
